El Salvador limitará sus compras de bitcoin, afirma el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a un nuevo acuerdo de 40 meses bajo la Facilidad de Fondo Extendido (EFF) para El Salvador, otorgando al país un financiamiento de 1.400 millones de dólares. La decisión, aprobada hoy por el Directorio Ejecutivo del FMI, tiene como condición que el gobierno del país suramericano restrinja las transacciones estatales con bitcoin (BTC) y lo desvincule gradualmente del sector público.

Según un informe publicado por el organismo internacional y compartido en X por el presidente Nayib Bukele, la nación centroamericana recibirá un desembolso inmediato de 113 millones de dólares. El plan apunta a fortalecer las finanzas públicas, reconstruir reservas externas y “abordar los riesgos asociados al proyecto Bitcoin”, mientras se fomenta un crecimiento económico más inclusivo.

El programa respaldado por el FMI llega en un momento clave para El Salvador, cuya economía muestra señales de recuperación impulsada por remesas, turismo y una mejora notable en la seguridad. Sin embargo, persisten desafíos como una deuda elevada.

Según el FMI, el gobierno de Nayib Bukele se compromete a mejorar el balance primario en 3.5% del PIB en tres años, racionalizando el gasto en salarios públicos sin descuidar inversiones sociales e infraestructura prioritarias. “El objetivo es poner la deuda pública en una trayectoria descendente y crear condiciones para un crecimiento sostenido”, afirmó Nigel Clarke, subdirector gerente interino del FMI.

El eje central del acuerdo es mitigar los riesgos del experimento con Bitcoin que El Salvador inició en 2021. Entre las medidas, el FMI destaca reformas legales, pero especialmente limitar las transacciones gubernamentales de activos digitales y limitar las compras públicas de Bitcoin.

“Esto se complementará con medidas para reconstruir los colchones de reservas y reforzar la estabilidad financiera, así como acciones para fortalecer la transparencia fiscal y los marcos de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). El programa también aborda los riesgos que surgen del proyecto Bitcoin, entre otras cosas haciendo que la aceptación de Bitcoin sea voluntaria y limitando la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin y en las transacciones y compras de Bitcoins”.

El FMI en su informe.

El programa también incluye reformas para aumentar la transparencia y combatir la corrupción, con pasos iniciales como una nueva ley anticorrupción y la publicación de auditorías gubernamentales por la Corte de Cuentas. A esto se suman planes para reforzar el marco contra el lavado de dinero y mejorar la estabilidad financiera mediante mayores reservas bancarias y una nueva legislación.

Según el comunicado del FMI las autoridades de El Salvador se comprometieron a:

1. Hacer voluntaria la aceptación de bitcoin por parte del sector privado.
2. Limitar las transacciones y compras de bitcoin por parte del Estado, confinando su uso en el sector público.
3. Desmantelar progresivamente la participación gubernamental en la billetera digital estatal Chivo.
4. Asegurar que los impuestos solo se paguen en dólares, no en bitcoin o criptomonedas.

Más allá de bitcoin, el acuerdo incluye medidas para:

1. Aumentar reservas internacionales (que cayeron a 3.100 millones de dólares en 2024).
2. Mejorar la supervisión bancaria y elevar los niveles de liquidez.
3. Recortar el gasto público en un 3,5% del PIB en tres años, enfocándose en reducir la nómina estatal sin afectar programas sociales clave.
4. Fortalecer la lucha anticorrupción, con una nueva ley y auditorías transparentes.

En definitiva, Según el comunicado del FMI, el gobierno salvadoreño no podrá utilizar los 1.400 millones de dólares provenientes del préstamo ni otros fondos públicos para adquirir bitcoin directamente. Además, el FMI destaca que se han implementado reformas legales previas que aseguran que los impuestos se paguen únicamente en dólares estadounidenses y que la aceptación de bitcoin por el sector privado sea voluntaria, lo que refuerza un enfoque de limitar el involucramiento estatal en el ecosistema de los activos digitales.

Aunque el gobierno no ha comentado públicamente el acuerdo, su aceptación implica un equilibrio entre su agenda innovadora y las presiones tradicionales. Para Bukele, quien se ha presentado como un defensor de la moneda digital pionera, el reto será mantener su narrativa pro-bitcoin y el incremento del tesoro nacional en BTC, sin descuidar la estabilidad exigida por el FMI.