¿Qué busca el Departamento de Justicia de EE. UU. en Bitcoin? Cuatro aspectos a destacar

La expansión global que registra Bitcoin y las criptomonedas es un imán para las entidades fiscalizadoras, organismos reguladores y de cumplimiento de las leyes. Uno de ellos es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde estarían observando a los criptoactivos con una lupa de tamaño industrial.

La institución publicó este jueves un documento de 83 páginas, elaborado por el Grupo de Trabajo Cibernético Digital, en el que se hace un repaso por las potenciales “amenazas” de las criptomonedas, cómo se han contrarrestado y cómo afectan a la sociedad actual.

Se trata de un marco de acción legal en el que se resalta cómo los criptoactivos servirían para llevar a cabo acciones criminales, delitos o fraudes, por ejemplo. El reporte muestra cuatro aspectos que destacaremos a continuación, entre ellos: lo mal vistas que son las criptomonedas orientadas a la privacidad y un reconocimiento a la tecnología que pareciera que no convence a las autoridades.

Criptomonedas privadas y conductas delictivas

En el reporte del Departamento de Justicia se hace especial mención a las criptomonedas orientadas a la privacidad como Monero, Zcash y Dash. Sin embargo, su inclusión no obedece a un rasgo tecnológico a resaltar. Para la entidad se trata de elementos que sirven para ocultar posibles “comportamientos delictivos”.

La afirmación se desprende debido a que el departamento considera que estas criptomonedas, a menudo, son canjeadas por otras criptomonedas como bitcoin. Las operaciones indicarían la ejecución de una “técnica de superposición de activos virtuales” o “salto de cadena”.

“El uso de estas criptomonedas puede socavar los controles ALD/CFT (antilavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo) utilizados para detectar actividades sospechosas (…) El departamento considera su uso como una actividad de alto riesgo”.

Informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Un detalle que llama la atención es que la dependencia afirmó que, en la mayoría de las circunstancias, y luego de incautar o decomisar criptomonedas privadas, los activos no son liquidados. El departamento argumenta que, de hacerlo, los enviaría de nuevo “al comercio para su posible uso delictivo en el futuro”.

Aquellos servicios de criptomonedas que operan con Monero, Zcash o Dash, el departamento les advierte que podrían estar contribuyendo al lavado de capitales y el financiamiento de actividades delictivas. La recomendación, según ellos, es adoptar protocolos ALD/CFT apropiados.

Regulación antes que el desarrollo de Bitcoin

El tono del documento se inclina más hacia establecer parámetros más estrictos sobre las criptomonedas, aunque eso pueda limitar el desarrollo de Bitcoin como sistema digital y otras redes blockchains. Sí, hay aspectos que se destacan sobre la innovación, pero quedarían relegados ante los lineamientos para su control.

En la introducción del reporte, Sujit Raman, líder del Grupo de Trabajo Cibernético, señaló que las criptomonedas “representan una forma transformadora de almacenar e intercambiar valor”. Sobre la llamada tecnología de contabilidad distribuida (DLT) o blockchain, Raman puntualizó que “genera impresionantes posibilidades de florecimiento para los humanos”.

Sobre los potenciales usos de las DLT mencionó que hay múltiples organizaciones en todo el mundo que están explorando sus aplicaciones. Eso incluye gobiernos nacionales, sectores industriales y académicos. No obstante, el funcionario dejó claro que las innovaciones deben ir de la mano de políticas públicas que establezcan condiciones “que ayuden al espíritu innovador”.

Más allá de la valoración de las criptomonedas y la tecnología que las acompaña, el departamento las asume como una amenaza, palabra que se repite hasta en 36 oportunidades a lo largo del documento. El asunto se magnifica ya que estaría en riesgo la “seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Para contrarrestar posibles escenarios adversos, el Departamento de Justicia enumera cuáles son las instituciones estadounidenses que estarían listas para actuar, entre las que se encuentran: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros sobre materias primas (CFTC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependencias del Departamento del Tesoro y del propio Departamento de Justicia.

Anonimato y Web 3.0 sí, pero no

En el informe se admite que, ocasionalmente, y a partir de los desarrollos tecnológicos de los próximos años en Internet, los usuarios reclamarán más por sus derechos en cuanto al manejo de sus datos y el anonimato. El punto se desarrolla bajo el surgimiento de la llamada Web 3.0.

Para el Grupo de Trabajo Cibernético quienes proponen la evolución de una Internet más inteligente, personalizada y familiar, estarían en el campo de los idealistas ya que por muy disruptiva que se vislumbre la Web 3.0 también hay riesgos.

“Este marco de acción legal sugiere que, por más liberador que puedan parecer los destellos emergentes de la Web 3.0, esa visión también puede plantear amenazas especialmente peligrosas para la seguridad pública (…) Enfrentar y abordar esas amenazas es lo que una buena política pública debería hacer”, se puntualizó.

Lo dicho por la entidad estaría enviando un mensaje claro y fuerte: no importa lo innovador que pueda ser un servicio, un protocolo o una plataforma: todo debe ajustarse a los lineamientos ya establecidos.

Esta bandera estaría contradiciendo la primera línea del informe en el que se destaca que la “innovación puede impulsar a una sociedad”. El detalle es que el grupo de trabajo enfatizó que las condiciones para la innovación tecnológica deben establecerse a través de políticas públicas que “ayuden” a los innovadores. Sin embargo, la historia ha demostrado que las innovaciones van más allá de “pedir permisos” o esperar por decisiones políticas.

DeFi es mayor “complejidad”

Aunque el grupo de trabajo no menciona directamente en el reporte la palabra DeFi (finanzas descentralizadas), sí habla del crecimiento exponencial de los mercados financieros descentralizados en los últimos meses. La institución los relaciona directamente con el auge de las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) de hace unos años.

En este caso de las DeFi se habla de nuevas “complejidades asociadas”, lo que estaría haciendo más difícil el trabajo para los reguladores. Los funcionarios estarían rezagados a la hora de mantenerse al día sobre los cambios en el ecosistema y las nuevas propuestas. Al estar en desventaja, habría una demora en tratar de mantener a los inversionistas “seguros”.

“La naturaleza global del ecosistema blockchain añade una capa adicional de complejidad. El crimen se ha estado expandiendo más allá de las fronteras nacionales por años, pero la blockchain lleva esta globalización a otro nivel”, se destacó en el reporte.