DOGE de Elon Musk accede a la ultratumba del Tesoro de EE. UU.: ¿Qué se oculta?

La jueza federal Tanya Chutkan rechazó ayer una petición destinada a bloquear el acceso de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a sistemas de datos sensibles del gobierno federal de Estados Unidos. Esta decisión responde a una demanda interpuesta por fiscales generales de 14 estados liderados por demócratas y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder de Musk y la transparencia en el manejo de datos y fondos públicos, que tradicionalmente no están disponibles para el escrutinio ciudadano.

La magistrada del Tribunal de Distrito de Columbia argumentó que, aunque las “acciones impredecibles” de DOGE han generado “considerable incertidumbre y confusión”, los demandantes no demostraron un “daño inminente e irreparable” que justificara una orden de restricción temporal. La coalición de estados, incluidos California y Nuevo México, denunció que Musk ha “desmantelado agencias federales, accedido a datos confidenciales y causado perturbaciones generalizadas” en sistemas críticos, como los de educación y salud.

En sí, DOGE, creado por Donald Trump tras asumir la presidencia de Estados Unidos, busca reducir el gasto público, y como parte de sus esfuerzos ha intervenido en al menos siete agencias federales, despidiendo empleados y accediendo a bases de datos, que muchos señalan que avanza sin supervisión del Congreso.

Elon Musk, designado como “empleado especial no remunerado”, ha eludido presentar declaraciones financieras públicas, una práctica que contrasta marcadamente con su insistencia en la transparencia gubernamental. Esta omisión alimenta las críticas sobre posibles conflictos de interés, especialmente considerando que sus empresas mantienen contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos.

La ironía de que Musk, quien ha abogado por una mayor apertura y accesibilidad a datos y acciones gubernamentales, mantenga una opacidad en sus propios asuntos financieros, no ha pasado desapercibida, alimentando el debate sobre la integridad y la ética en la gestión pública y privada. Esto sucede en el preciso instante en el que DOGE consigue acceso a los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), para “erradicar fraudes”, una medida que fiscales consideran una violación de privacidad.

La jueza Chutkan, nominada por Barack Obama, reconoció preocupaciones constitucionales por el hecho de que Musk no sea una figura electa, y aun así ejerce “autoridad significativa” sin confirmación del Senado, algo que la Constitución reserva para funcionarios designados. Aunque la Casa Blanca insiste en que los despidos son decisión de los jefes de agencias, documentos internos muestran que DOGE ha impulsado recortes en programas de diversidad y ayuda internacional, alegando “despilfarro”.

¿Qué tanto ocultan los datos gubernamentales de EE. UU.?

Como lo informó CriptoNoticias anteriormente, el equipo de DOGE descubrió que el Tesoro de EE.UU. ha operado por décadas con controles financieros críticamente ausentes. Campos básicos como categorías de pagos, justificaciones y verificaciones de identidad (como números de Seguro Social) estaban vacíos o ausentes en millones de transacciones. Según documentos internos, esto permitió que más de 50 mil millones de dólares anuales —equivalentes a 1.000 millones semanales— se desviaran a cuentas fraudulentas sin identificación.

“Era un mecanismo perfecto para el lavado y el robo a escala industrial”, declaró Elon Musk, quien accedió a datos sobre el manejo de los funcionarios del Tesoro. “Prefirieron ignorar el fraude antes que enfrentar quejas de quienes explotaban el sistema”, añadió.

Tras el descubrimiento La semana pasada, un juez federal en Nueva York emitió una orden ex parte (sin notificación previa a una de las partes) que bloqueó al Secretario del Tesoro y su equipo de acceder a los sistemas internos de su propia institución. La medida, solicitada por 19 fiscales generales demócratas, argumentó “proteger la integridad del Departamento”, pero los críticos la califican de “censura financiera”.

En ese momento, Musk denunció que esto protege a “los corruptos”: “Un juez activista quiere frenar nuestro trabajo. ¿Por qué impedir que devolvamos el dinero a los contribuyentes?”. Aseguró que apelará, pero advirtió que, al mismo tiempo, las demoras judiciales dan tiempo a encubrir fraudes.

Frente a críticas por su «toma hostil» del gobierno, Musk insistió en que actúa con un “mandato claro” de los votantes de Trump y prometió “transparencia total”: todas las acciones del DOGE se publican en su sitio web. “No es draconiano: es sentido común. Si gastas dinero público, explica por qué”, declaró.

Bitcoin brilla por su transparencia

A diferencia del sistema financiero tradicional, que depende de procesos manuales y archivos físicos —como los registros en minas de piedra caliza utilizados desde 1955—, Bitcoin opera en una red global con auditoría automática y en tiempo real. Esta tecnología no requiere órdenes judiciales para garantizar transparencia; es inherente a su diseño.

El escándalo refuerza un argumento clave de la comunidad de bitcoin, la cual suele alertar que el mayor peligro de corrupción y lavado de dinero no está en las redes descentralizadas, sino en instituciones centralizadas que manejan miles de millones de dólares sin controles efectivos. Mientras DOGE recibe acceso a los datos de las agencias gubernamentales, Bitcoin ofrece un modelo alternativo donde la transparencia y la eficiencia coexisten sin sacrificar la privacidad individual y tampoco sin recibir permisos judiciales.

Es evidente que en un mundo donde la confianza en las instituciones se erosiona, Bitcoin emerge no como una amenaza, sino como un espejo que refleja las fallas de un sistema que clama autoridad moral mientras opera en las sombras.