Gobierno de España quiere frenar la inflación, pero gastando más dinero

España planea gastar más de 10 mil millones de euros (EUR) para intentar luchar contra la inflación. Se trata de una medida que se aplicaría el año que viene dada la “elevada incertidumbre” económica que se deriva de la guerra de Ucrania. ¿El objetivo? El “fortalecimiento del Estado de bienestar”.

La elevada cifra en euros que buscaría mitigar el índice inflacionario se conoció en el Plan de Presupuesto de 2023 que presentó el Gobierno de España a la Comisión Europea. En el documento se plantearon posibles escenarios de ingresos y gastos.

Uno de esos escenarios habla de la recaudación de 10.500 millones de euros, que se usarían para adoptar medidas “que se estime conveniente”, reportó Diario de Burgos.

Tales medidas permitirían “proteger a los colectivos vulnerables, a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a los sectores productivos más afectados por la crisis energética”.

“Prioridad a la justicia social”

Es bueno recordar que la invasión militar de Rusia a Ucrania aceleró el crecimiento de la inflación en los países del viejo continente. España no escapa de ellos. Solo en septiembre, el índice llegó al 8,9% interanual.

Pero la inflación es un fenómeno cuyo origen es la emisión monetaria, y desde el 2020, la impresión de dinero se ha acelerado para intentar reducir las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Además, la emisión causó que en varios países aumentara la devaluación de la moneda. Se vio con el euro, el dólar y más recientemente con la libra esterlina, aunque hay gobiernos que culpan a factores externos del mal manejo económico.

En ese sentido, y ante la previsión de que la inflación mantenga su senda al alza, el gobierno de Pedro Sánchez en España decidió darle prioridad a la “justicia social”, mediante “el crecimiento y la creación de empleo de calidad”.

No obstante, la abultada cifra con la que se pretende afrontar la inflación más bien pudiera disparar el gasto público, cuyo financiamiento yace en los impuestos o en la emisión monetaria.

Según el gobierno de España, se estima una recaudación de poco más de 350 mil millones de euros para el 2023, debido a medidas fiscales e impositivas que se prevén para el año entrante. De allí saldría lo destinado para los más afectados de la inflación galopante.

Pero si la meta de recaudación no se cumpliese, el Estado español tendría que accionar la impresión de dinero, o en simples palabras, darle paso a una mayor inflación. Esto, ya que la emisión acelerada sería sin sustento de crecimiento económico (inorgánico), elevando la oferta muy por encima de la demanda.

A la larga, esta situación terminaría atentando contra el bienestar social que el gobierno de España pretende fortalecer con esta medida presupuestaria. ¿De qué manera? Con precios elevados en productos y servicios, en detrimento de la calidad de vida de los habitantes del país.

De ser así, el plausible escenario español que permitirá comprobar una vez más la teoría de la economía liberal: emisión es equivalente a inflación.

Bitcoin podría ser el camino para los españoles

El anuncio del Gobierno español sobre sus medidas para contrarrestar la inflación obliga a reflexionar sobre bitcoin (BTC). La primera criptomoneda tiene una política monetaria inamovible y su circulante estará limitado a 21 millones de unidades. Al contrario de lo que ocurre con el dinero fíat (emitido por los Estados), en el mediano y largo plazo bitcoin ha tendido a incrementar su poder de compra.

Asimismo, bitcoin es un activo que, a largo plazo, podría terminar siendo completamente antiinflacionario. Esto gracias al aumento de la demanda por parte de los usuarios, así como por la oferta limitada de BTC.

A esto se le suma la tendencia alcista de la moneda, que ha permitido que los usuarios puedan resguardarse en ella de la inflación (en el mediano y largo plazo). Desde su creación, BTC ha demostrado ser un activo en el cual ahorrar de manera efectiva, y en España así lo han constatado, pues cada vez se suman más adeptos a bitcoin.

Por tanto, si bien la medida gubernamental ya fue presentada ante la Comisión Europea y es casi un hecho que la Moncloa aplicará la política de financiar a los “más vulnerables” con tributos (o posiblemente emisión monetaria), bitcoin se perfila como una opción viable para que los afectados se protejan a mediano o largo plazo, y eviten ser parte de la crisis que tal situación podría desatar.