El impuesto anti-bitcoin asfixia a los exchanges argentinos

Entre los múltiples rasgos distintivos de la Argentina destaca la complejidad de su entramado tributario: no solo existen una gran variedad de impuestos a nivel federal y regional, sino que muchos de ellos son muy nocivos para la actividad económica en general (y por ese motivo, por ejemplo, ya no existen en otros lugares del mundo).

Los dos principales ejemplos son el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto sobre los créditos y débitos (conocido como el “impuesto al cheque”).

En el caso de Ingresos Brutos es un impuesto que alcanza a personas y empresas que ejerzan actividad económica en alguna de las 24 provincias argentinas y grava la totalidad de lo facturado, sin posibilidad de deducir ningún tipo de gasto: allí radica uno de los principales defectos de este tributo. Sin embargo, para la actividad de compraventa de criptomonedas, varias provincias argentinas han introducido mejoras en la norma, permitiendo la deducción de costos (tal como analizamos en una columna previa).

Pero el tributo que hoy se lleva todos los reproches en la industria de los criptoactivos en Argentina es, sin lugar a duda, el impuesto sobre los créditos y débitos: es un tributo que existe hace más de dos décadas y que se aplica sobre cada movimiento en cuenta bancaria (tanto en el ingreso como en el retiro de fondos). Y si bien muchos actores del sistema financiero están exentos de este impuesto, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) no lo están, a raíz de una norma del año 2021.

El Decreto 796 del 2021 introdujo cambios en la normativa del impuesto y limitó los beneficios: desde entonces, las exenciones y alícuotas reducidas no se aplican en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados con operaciones (compra, venta, intermediación, etc.) sobre “criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares”.

En otras palabras, un PSAV queda fuera del beneficio y sufre el impuesto cada vez que se acredita y debita dinero en las cuentas bancarias que utiliza para llevar adelante su actividad (es decir, en las cuentas que reciben los fondos de los clientes que desean, por ejemplo, comprar bitcoin). Y esto implica un costo extra altísimo para el exchange argentino, costo que (al menos en parte) trasladará a sus clientes. Y este círculo vicioso podría derivar en que los usuarios elijan exchanges que operan en el exterior, “más económicos”.

Promesas de reforma

Esta limitación a la exención del Impuesto sobre los créditos y débitos fue establecida bajo el Gobierno anterior en Argentina y, según muchos, la justificación fue desalentar las operaciones con criptomonedas para, de esta forma, también disminuir la presión sobre el mercado de cambios (ya que muchos exchanges recurren a la compra de dólares para llevar adelante su operatoria).  

Luego, al asumir la nueva Administración, con el presidente Javier Milei a la cabeza, se prometió que “pronto” se eliminarían las limitaciones impuestas por el Decreto 796.

Sin embargo, a raíz del “escándalo Libra” de principios del año 2025, y dada la sensibilidad mediática del tema, exacerbada por las Elecciones Legislativas, la promesa de modificación se diluyó.

No obstante, atento a las interminables quejas y pedidos de reforma de la industria y de sus diversos actores, incluida la Cámara Fintech, en los últimos días el Gobierno ha insinuado que en las próximas semanas efectuaría, finalmente, los cambios necesarios en la normativa para que los PSAV no sigan sufriendo este nefasto impuesto sobre los movimientos bancarios.

¿Por qué es necesaria la reforma?

El impuesto a los créditos y débitos que recae sobre los exchanges representa un freno innecesario para una industria que podría generar competencia, inversión y empleo en Argentina. En un mercado global donde operar con criptoactivos es cada vez más ágil y económico, obligar a los PSAV argentinos a soportar un costo bancario que no enfrentan sus pares extranjeros solo empuja a los usuarios hacia afuera y erosiona la posibilidad de desarrollar un ecosistema sólido en el país. Al mismo tiempo que no favorece la “formalidad económica”, ya que los exchanges extranjeros no reportan directamente al Fisco argentino.

Por eso la discusión sobre revertir las restricciones del Decreto 796 no es un capricho de la industria, sino una necesidad para que las reglas del juego dejen de castigar la innovación. El Gobierno ha insinuado que podría avanzar con la reforma, pero mientras no se concrete, los proyectos locales seguirán compitiendo en desventaja. Corregir este despropósito sería un paso básico para dejar de ponerle trabas a un sector que tiene mucho para aportar.