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Durante los últimos 10 años la deuda pública de México se ha multiplicado por 5 pasando, de 106 mil millones de dólares en 2007 a más de 530 mil millones de dólares en 2017. El endeudamiento público de las instituciones del Estado ya representa el 45.5% del Producto Interno Bruto (PIB), al culminar el primer semestre del 2018, de acuerdo a datos aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La nación azteca tiene una población de 128 millones de personas, por lo que si se divide el monto total de la deuda, cada mexicano tiene un compromiso estimado en unos 4.140 dólares, algo que no depende directamente de ellos, pero que es asumido por la nación tras la toma de decisiones financieras de sus autoridades.
El endeudamiento público no es más que el conjunto de deudas asumidas por organismos como el Estado central, los estados, las alcaldías y otros entes como los que rigen la seguridad social. Los fondos adquiridos deben ser honrados ante el sector privado, representado por empresas, instituciones y personas nacionales o extranjeras.
En el caso mexicano este incremento ha despertado alertas entre sus propios ciudadanos y autoridades financieras; incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció al respecto. Abdelhak Senhadji, director adjunto del departamento de asuntos fiscales del FMI, sugirió, el pasado mes de abril, que México debe bajar su deuda, en declaraciones publicadas por la revista Forbes, en su edición local.
La deuda, como parte proporcional del PIB, aún es alta (…); aunque se proyecta que se mantenga relativamente estable en el mediano plazo. Nos gustaría ver que bajara un poco más. Aunque esto significaría que se tendría que realizar una consolidación fiscal.
Abdelhak Senhadji
Director adjunto del departamento de asuntos fiscales
Crecimiento disminuido
El problema no es solo financiero o fiscal, sino que muchos han cuestionado a los gobernantes ya que el crecimiento de la deuda pública no guarda proporción con el crecimiento que debería experimentar el país norteamericano. Al menos así lo considera Orlando Delgado Selley, columnista, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien en un artículo publicado el pasado mes de marzo se refirió a la deuda pública mexicana.
Este gobierno quedará marcado por estos incrementos de la deuda pública y del creciente pago de intereses y, sobre todo, porque no tuvo ninguna repercusión en el crecimiento de la economía mexicana.
Abdelhak Senhadji
Director adjunto del departamento de asuntos fiscales
Los endeudamientos son normales y hasta necesarios para fomentar la expansión de las naciones, realizar inversiones en empresas estratégicas, mejorar la infraestructura, garantiza la salud, la educación y resguardar el bienestar de los ciudadanos. El conflicto ocurre cuando la deuda comienza a incrementarse sin una política que mantenga saludables las finanzas públicas, algo que la historia latinoamericana ha registrado sin perder pista.
Cuando esto ocurre lo usual es que los gobernantes anuncien planes para “apretarse el cinturón” y comenzar a disminuir gastos, lo que no es una garantía que estas decisiones vayan a aplicarse. En caso de hacerlo, los cambios no se perciben en el corto o mediano plazo, sino que, de ser exitosos, pueden arrojar una disminución en la carga del PIB del 1% o 2% en plazos de 5 o 6 años.
En el escenario mexicano, la ya complicada situación tiene un ingrediente adicional. El pasado 1 de julio hubo elecciones presidenciales, lo que generó la acostumbrada incertidumbre económica tras la salida de Enrique Peña Nieto y la entrada de Andrés Manuel López Obrador, ambos de corrientes distintas y de visiones encontradas en la arena política.
Bitcoin como resguardo de valor
Con todos estos elementos en juego los ciudadanos muchas veces están de manos atadas o dependen de las políticas que emprenden sus gobernantes para diseñar un proyecto de vida. Sin embargo, las devaluaciones de las monedas como el peso, la inflación, la emisión sin control de dinero y el endeudamiento público, pueden jugar en contra de estos planes llevando a millones de personas a una disminución de su calidad de vida.
Bitcoin, como criptomoneda, no está atada a las políticas conservadoras o progresistas de las autoridades de turno, quienes se ven tentadas a aumentar la deuda pública para financiar sus mandatos, exhibiendo ante sus ciudadanos las banderas del progreso y la prosperidad. Este tipo de acciones afecta el ahorro nacional, limitando el otorgamiento de nuevos préstamos personales o empresariales y elevando sus tasas de interés.
Cada vez más personas miran más de cerca a Bitcoin porque es políticamente neutral y está alejada de intereses comerciales o monetarios. La criptomoneda ofrece alcance global y no pertenece a ningún estado o gobierno. Al estar ajena al sistema fiduciario no es posible crear deuda con ella y su valor no depende de la intervención de los bancos centrales.
Al contar con una emisión finita de 21 millones de bitcoins tiene un aumento decreciente, lo que mejora el poder adquisitivo y elimina de raíz el fenómeno de la hiperinflación. Además, la criptomoneda es divisible usando hasta 8 decimales, cualquier persona puede enviarla al lugar más alejado del mundo por una comisión mucho menor que al comparar los servicios tradicionales de transferencias.
Otras de sus fortalezas es que no se puede falsificar, las personas mantienen su privacidad y es transparente, ya que todos pueden ver hacia dónde se dirigen las operaciones. Además sirve para realizar micropagos y está disponible las 24 horas.
Se trata de una tecnología disruptiva que va en contra de los cánones establecidos por los gobiernos, los bancos centrales y las autoridades financieras, quienes han manejado a su discreción, y durante siglos, el dinero de los ciudadanos para un beneficio individual a costa de los intereses colectivos de quienes no están en el poder.
Imagen destacada por AA+W / stock.adobe.com
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