SEC, o no SEC, esa es la cuestión

Adam Dubove es columnista de CriptoNoticias, puedes ver todas sus publicaciones aquí.

La caída de FTX en noviembre del año pasado, tras el desfalco llevado adelante por Sam Bankman-Fried y compañía, auguraba un 2023 regulatoriamente intenso, tanto para otras plataformas de trading, como para las empresas o fundaciones detrás de emisiones de tokens. Y así fue. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en medio de una presión creciente que se hizo sentir desde el Capitolio, fue la gran protagonista del primer semestre.  

Los números hablan por sí solos. Hasta la primera semana de junio de 2023, la SEC llevó adelante 24 acciones contra empresas vinculadas a la industria de las criptomonedas, según un informe de Cornerstone Research. Para ponerlo en perspectiva, durante todo 2022 la SEC realizó 30 acciones regulatorias contra empresas del sector, ya sea la apertura de procedimientos administrativos o demandas judiciales.  

Pero el avance de la SEC no fue únicamente cuantitativo, sino también cualitativo. Las acciones fueron de alto perfil y tuvieron como objetivo algunas de las empresas líderes del sector: Coinbase, Kraken o Binance son algunas de las que recibieron alguna notificación por parte del organismo que encabeza, desde hace más de dos años, Gary Gensler. 

La reacción

La actividad de la SEC no cayó bien. Distintos líderes de la industria, influencers, emprendedores y usuarios reclamaron contra las acciones de la agencia de tres letras. El argumento es que, ante la falta de claridad regulatoria, la SEC estaba llevando adelante “regulation by enforcement” o, en español, “regulación mediante la aplicación de la ley”.

Esto quiere decir que el organismo en vez de brindar una directriz clara acerca de la naturaleza de los tokens, y los requisitos que deben cumplir para llevar adelante legalmente sus actividades, aplica la ley de manera arbitraria, genera incertidumbre en el sector, sofoca la innovación y expulsa a esos proyectos del territorio norteamericano. 

El argumento suele venir acompañado de una prédica libertaria. “Es el mercado el que debe definir que tokens triunfan y cuáles fracasan, no una agencia regulatoria del gobierno de Estados Unidos”, dicen quienes se oponen a las acciones de la SEC. El discurso encaja a la perfección en la ética que llevó a Satoshi Nakamoto a crear Bitcoin, el problema es que estos proyectos son la antítesis de los principios sobre los que diseñó la red monetaria.  

¿SEC o no SEC?

Quienes asumen la postura contra la SEC tienen algo de razón. El organismo encargado de supervisar a las empresas que cotizan en bolsa, contratos de inversión y bolsas de intercambio, ha fracasado en su misión de “proteger a los inversores, mantener los mercados ordenados, justos y eficientes; y facilitar la formación de capital”.  

En la extensa lista de fracasos sobresale el caso de Bernard Maddoff, quien dirigió el esquema ponzi más grande de la historia, durante casi 20 años, bajo la atenta mirada de la SEC, o los fraudes contables de la energética Enron y de la empresa de telecomunicaciones WorldCom.  

Soy de la idea de que la SEC no debería existir: los monopolios legales generan resultados sub-óptimos y son injustos, al impedir el ingreso de nuevos participantes. La competencia de agencias regulatorias privadas podría ser una mejor alternativa. Los inversores que tienen una menor aversión al riesgo a la hora de ser víctima de un fraude podrían actuar o invertir con empresas que eligen agencias de regulación más laxas, mientras que aquellos más conservadores se inclinarían por aquellas de mejor reputación y cumplimiento más estricto. En otras palabras, replicar lo que ocurre en otras industrias, como la de la comida kosher, y las diferentes empresas de certificación privadas. 

En toda esta trama judicial y administrativa que lleva adelante la SEC hay un hecho innegable: ese organismo existe, y los inversores, a la hora de calcular riesgos, asumen que tienen la protección que promete la agencia, por más que esa seguridad sea simplemente una ilusión. Ante esta situación, la SEC en su rol de supervisor de los mercados, y su criterio de que la regulación de tokens cae bajo su jurisdicción, debe actuar ante proyectos que son fraudulentos. 

Ya sea porque son proyectos que se atribuyen características que no poseen (como ser ‘descentralizados’), o porque las condiciones de venta de esos instrumentos no son lo suficientemente transparentes, o porque existen inversores con información privilegiada y actúan basándose en ella, una agencia cuyo mandato es “proteger a los inversores” debe actuar.  

En los mercados financieros, como en gran parte de las relaciones económicas, se dejó de lado el concepto de caveat emptor (cuidado por parte del comprador), la idea de que el comprador debe tomar las precauciones adecuadas antes de tomar una decisión. Fue reemplazado por un modelo paternalista, donde el gobierno se arroga la tarea de garantizar la protección de los inversores, aunque fracase en el intento. Esta situación puede gustar más o menos, pero es la realidad.  

Sostener que la SEC debería abstenerse de actuar contra empresas que incurren en estafas y fraudes, y dejar la regulación al libre mercado, es un absurdo en el contexto actual. Es como si un defensor de la provisión privada de seguridad, en reemplazo del monopolio estatal, argumente que como no acuerda en que exista una policía estatal, la policía debería abstenerse de perseguir hurtos, robos o asesinatos.  

Soy un ferviente defensor del libre mercado y opositor de la existencia de la SEC, pero mientras la SEC exista, quedarse de brazos cruzados ante el brote masivos de estafas y fraudes, que se apalancan en la popularidad y robustez de Bitcoin, sería ignorar el mandato que recibió la agencia cuando fue creada.