Tendencias: la privacidad no es un crimen, incluso si usas bitcoin

En otro giro desafortunado para el ecosistema, han estado bajo ataque las wallets y otras plataformas que ayudan a las personas a transferir bitcoin (BTC) protegiendo su privacidad. Abril cerró como el mes de mayor presión regulatoria de los últimos meses y, con ello, cualquiera podría estar preguntándose: ¿la privacidad es un crimen?

La respuesta a la pregunta la obtenemos detallando el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este demuestra que, en efecto, la privacidad no es un crimen, sino un derecho fundamental de los seres humanos, y por lo tanto hay que protegerlo.

“Nadie será sometido a injerencias arbitrarias en su intimidad, familia, domicilio o correspondencia, ni a ataques a su honor y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, reza el mencionado artículo 12.

Expone que la importancia de la privacidad radica en el hecho de que es un derecho fundamental, que garantiza la autonomía de las personas y protege su intimidad. También declara la protección contra la injerencia arbitraria de otros.

Sin embargo, dándole una mirada desde la perspectiva bitcoiner, la privacidad es sinónimo de libertad, precisamente por el hecho de que Bitcoin llegó al mundo para permitir transacciones digitales entre pares sin permiso y sin censura.

En sí, Bitcoin es un protector del derecho a la privacidad y propiedad de las personas. Es una expresión de que el buen dinero debe gastarse y ahorrarse a voluntad, sin la intervención de terceros.

En Bitcoin, básicamente las personas eligen ser parte del ecosistema porque allí tienen una alternativa para rebelarse del sistema financiero tradicional, donde su dinero está sujeto a los caprichos de una autoridad central.

Con bitcoin, las personas pueden decidir qué cantidad de información revelan de sí mismos, mientras transfieren dinero con otros. Y eso no debería ser catalogado como ilegal, salvo que algunos Estados deciden lo contrario.

Privacidad, un derecho cada vez más amenazado

Al proporcionar un alto grado de privacidad en los pagos, el dinero en efectivo evita que las empresas o autoridades públicas obtengan información privilegiada sobre los usuarios. Esto es importante porque permite a las personas protegerse cuando interactúan con organizaciones, que en algún momento determinado pueden interferir en sus decisiones y acciones.

Es lo que Bitcoin traslada al mundo digital, especialmente ahora cuando gobiernos y sistema financiero tradicional conducen a la sociedad hacia un mundo sin efectivo. Esto es así desde que los gobiernos y sus bancos centrales decidieron que los pagos digitales deben ser rastreados, registrados y desanonimizados.

Los Estados se esfuerzan por conocer todo sobre alguien a través de sus transacciones. Y, para lograrlo imponen el requisito de que todos los ciudadanos se registren y verifiquen su identidad para poder transferir dinero, incluyendo a las criptomonedas como bitcoin.

Por eso, hoy el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de decirle a la gente que no use bitcoin sin identificarse. Y los amenazarán diciendo que si lo hacen, los multarán, les decomizarán el dinero o pasarán un tiempo en la cárcel.

Podrán hacerlo con cualquiera de las últimas 1.000 o 10.000 personas que ingresaron al mercado de bitcoin a través de las rampas reguladas con KYC, si es que estos usuarios no tienen realmente conciencia acerca de las ventajas de usar herramientas para proteger la privacidad.

Hace años que los Estados, junto con ciertos organismos e instituciones están tratando de extirpar la poca privacidad que nos queda, pero recientemente han afilado más sus armas para perseguirla y amenazarla. Y la fórmula que han encontrado para lograrlo en el ecosistema de bitcoin, es criminalizándola.

Lo hacen implementando leyes y políticas que restringen o limitan el derecho a la privacidad de las personas en aras de combatir el crimen y el lavado de dinero. En ese sentido recopilan datos personales masivamente, incrementan la vigilancia, limitan el anonimato en línea y otras medidas que vulneran la privacidad de los individuos.

Buscan tus bitcoins, asegúralos

No es algo nuevo, pero sí es cierto que la regulación actual apunta hacia un mundo menos privado. Eso es lo que demuestran las nuevas normas contra el lavado de dinero de la Unión Europea las cuales prohíben la prestación de servicios para cuentas anónimas de criptomonedas, incluyendo la custodia de activos digitales.

Adicionalmente, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó su metodología y ahora desarrolla acciones para la creación de leyes y regulaciones en más de 200 Estados que implementan sus controles y estándares.

Basado en ello, el GAFI pide a los reguladores de cada país la implementación de sus 40 recomendaciones, entre las que incluye el intercambio de información, sin obstáculos, entre los proveedores de servicios con criptomonedas y las autoridades competentes.

Aseguran que recibiendo los datos financieros de los clientes que operan con criptomonedas investigarán de manera oportuna, los casos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con la idea de prevenirlas, hasta evitarlas.

Lo curioso es que los organismos están poniendo más énfasis para detectar el lavado de dinero en la industria de las criptomonedas que en el sistema financiero tradicional. Esto, pese a que según los estudios, los criminales prefieren el dinero fíat para realizar sus fechorías.

Aun así apuntando hacia la industria de bitcoin y otras criptomonedas, el GAFI exhorta a los países a que apliquen sus recomendaciones, y entre ellas señala que, solo podrán operar en cada país las empresas que cuenten con una licencia o registro. Ya Argentina es muestra de ello, con un nuevo registro para exchanges de criptomonedas.

Eso es así desde el año 2021, que fue cuando el GAFI lanzó sus recomendaciones. Esta se convirtió en la primera regulación implementada a nivel mundial para el mundo de las criptomonedas. Y dicho sea de paso, que ese método ya existía y se aplicaba en el sistema financiero tradicional.

Se hacía a través del Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN ), en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU., que había impuesto una regla similar a los mproveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan dentro de su jurisdicción.

Desde entonces, y bajo la excusa de que hay que combatir el lavado de dinero, el GAFI ha puesto la espada de Damocles pendiendo sobre sus países miembros. A estos les avisa que si no aplican sus medidas para combatir el delito con el uso de las criptomonedas, y otros métodos, corren el riesgo de caer en una lista gris o negra, que impacta de manera negativa en su economía al quedar prácticamente excluidos de la comunidad financiera internacional.

Al estar en la lista negra del GAFI, un país también puede enfrentar sanciones y medidas coercitivas por parte de organizaciones internacionales y otros países para presionar su cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El punto es que los Estados quieren saber dónde están los bitcoiners, cuánto gastan, cómo lo usan sus BTC y en qué. Es el método al que han acudido porque saben que no pueden atacar directamente a la red de Bitcoin, así que no les queda de otra que ir por ti y por tus datos personales.

Luego podrán criminalizarlos hoy o dentro de 10 años. No pueden capturar a Bitcoin, porque les saldría muy costoso, pero lo que sí pueden hacer es capturar a mucha gente y eso les saldrá bastante barato, incluso con muy poco esfuerzo.

¿No has pensado que si te identifican y te dictan la manera en la que debes pagar con bitcoin, entonces la moneda digital deja de ser el dinero de la libertad para convertirse en monedas controladas por el Estado? De lograrlo, ¿Cuál sería la diferencia entre bitcoin y una CBDC?

Si te detienes un instante y terminas respondiendo con un sí, entonces lo mejor será seguir buscando la manera de proteger tu privacidad al usar bitcoin.