Las empresas Japan Blockchain Association (JBA) y Japan Cryptocurrency Business Association (JCBA) tienen pautado unir fuerzas a partir del 1 abril de este año, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad del ecosistema de las criptomonedas en Japón y brindar más confianza a sus usuarios.
El objetivo principal de esta fusión es el de proteger de forma más efectiva a los inversionistas y comerciantes que participan y creen en el mercado de las criptomonedas. Una meta que planean alcanzar, en un principio, mediante el establecimiento de medidas autorregulatorias que puedan devolver la fe en los criptoactivos a las víctimas de eventos desafortunados como el reciente hackeo a Coincheck.
En un breve comunicado publicado en su página web, la JBA explica que la asociación tendrá como objetivo convertirse en “una asociación de operadores comerciales de liquidación, establecidos por la ley de liquidación de fondos”.
De acuerdo a información brindada a través de medios locales, se espera que los jefes de las dos organizaciones involucradas en la fusión tomen los cargos de presidente y vicepresidente de la iniciativa naciente. Pero hasta el momento esta información es extraoficial, ya que el comunicado oficial en el sitio web de JBA no menciona nada al respecto. Sin embargo, se espera un pronunciamiento al respecto por parte de ambas empresas dentro de pocos días.
Uno de los países que aceptó con mayor libertad y disposición el mercado de las criptomonedas desde un principio fue Japón, una posición bastante contraría a sus pares asiáticos China, Corea del Sur y la India, los cuales han sido un poco más precavidos en la adopción de este revolucionario instrumento tecnológico-financiero.
Pero luego de haber enfrentado el ataque informático a Coincheck, las condiciones de comercio de criptomonedas en Japón podrían cambiar. Éste defalco provocó que los inversionistas con fondos en el criptoactivo NEM, vinculados a la casa de cambio japonesa Coincheck, perdieran unos 530 millones de dólares.
Las consecuencias han sido implacables con la plataforma de intercambio, que ahora enfrenta una demanda por una de las víctimas y una serie de investigaciones por parte de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA); ente que busca, basándose en esta experiencia, crear leyes y regulaciones que protejan verdaderamente a los inversionistas.
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