GAFI reconoce dificultades para aplicar la “regla de viaje” en exchanges de bitcoin

Según la más reciente actualización de normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son varias las dificultades que enfrentan la mayoría de los países para implementar las normativas elaboradas por este organismo para la regulación de exchanges y plataformas relacionadas con bitcoin (BTC).  

Los obstáculos han causado que más del 75% de las jurisdicciones que conforman el organismo no hayan avanzado en la aplicación de la “regla de viaje”, según señala un informe presentado por el GAFI este 27 de junio.   

El informe, al igual que en ocasiones anteriores, habla del poco avance que se observa en el desarrollo de regulaciones que incluyan las directrices establecidas por el organismo en 2019. Estas reglas se actualizaron en junio de 2022, siendo revisadas nuevamente en la plenaria que concluyó el 23 de junio de este año. 

Se trata de un conjunto de normas pensadas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos con criptomonedas. 

Entre los lineamientos se incluye la llamada “regla de viaje”, que requiere a los proveedores de servicios de criptoactivos, entre ellos los exchanges, identificar el emisor y receptor de una transacción y compartir datos de sus usuarios. 

Para conocer cómo va el proceso de implementación, el último informe del GAFI toma en cuenta los resultados de una consulta aplicada en abril pasado entre más de 135 países miembros del organismo.  

Falta de recursos: un obstáculo para la implementación

Los datos apuntan a que más de la mitad de los países encuestados afirmaron no haber tomado ninguna medida para aplicar las normas del GAFI, explicando al mismo tiempo las razones por las cuales no han podido hacerlo.  

En el informe se citan las principales dificultades reportadas, las cuales tienen que ver con falta de recursos y de experiencia técnica, así como poca capacidad logística para implementar la “regla de viaje” y demás normativas recomendadas. 

Lo anterior deriva en poca disposición para la compra de software, así como para la preparación y contratación de personal capacitado. Se incluyen los obstáculos relacionados con las legislaciones locales y para la interacción entre las leyes que se aplican en varios países (muchas veces no compatibles).

El problema tiene que ver “con la naturaleza inherentemente internacional y sin fronteras” de criptomonedas como bitcoin, que además retrasa la definición y aprobación de regulaciones. 

En consecuencia, según las respuestas de la encuesta, solo 35 jurisdicciones han elaborado alguna legislación para implementar parcialmente la “regla de viaje”. Otros 27 están en proceso de adoptar leyes o reglamentos, al haber presentado un proyecto de ley, emitido un proyecto de ley o llevado a cabo consultas públicas sobre proyectos de ley.  

“Este es un progreso insuficiente desde 2022, cuando 30 jurisdicciones habían aprobado legislación y 25 estaban en proceso de hacerlo”, acota el informe.

En ese sentido, la única jurisdicción que ha logrado sortear dificultades e integrar por completo la “regla de viaje” es la Unión Europea, tras la reciente aprobación del Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA). Aunque todavía hay que esperar para su aplicación total, pues esta ley entrará en vigencia en 2024 en los 27 países del bloque regional, tal como ha reportado CriptoNoticias. 

Sobre este tema se pronunció el presidente del GAFI, Raja Kumar, calificando como “desafortunado” el hecho de que solo una minoría de los países cumplan plenamente las recomendaciones. 

“Esta es una situación inaceptable que debe ser urgentemente abordada”, añadió el funcionario. Con este fin el organismo se compromete a dar apoyo a los países para acelerar el cumplimiento.  

El plan contempla desde brindar orientaciones hasta “aplicar algunas restricciones”, como mecanismo para que los miembros puedan “ver la urgencia de estas regulaciones”.  

Cabe recordar que el GAFI es un organismo internacional cuyas recomendaciones no son vinculantes, es decir, no establecen leyes, pues estas son responsabilidad de cada jurisdicción. Sin embargo, incumplir con sus directrices puede llevar a los países o empresas privadas a integrar una lista gris o negra.