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El embargo se realizaría a través de los monederos de criptomonedas.
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Hacienda investigará el uso de criptomonedas y su relación con actividades delictivas.
La Agencia Tributaria de España anunció que este año “potenciará” sus actuaciones de localización y embargo de criptomonedas y monedas virtuales, cuando haya algún compromiso fiscal que pagar. Todo esto como parte de su plan de acción para este 2023.
Tal como lo indica el plan, publicado en el Boletín Oficial del Estado, durante este año “se potenciarán las actuaciones de localización de nuevos bienes susceptibles de actuaciones de embargo, con especial enfoque hacia los criptoactivos y monedas virtuales”.
Esta localización y embargo la llevará adelante el Área de Recaudación de la Agencia Tributaria, siguiendo la directriz de investigar el uso de las monedas virtuales en suelo español.
Según la Agencia Tributaria, el embargo de criptomonedas a los contribuyentes se ejecutará de manera parecida al de una acción. Es decir, se embargará un monedero de criptoactivos. Es así como la oficina solicitará ante un exchange de bitcoin y criptomonedas, o un proveedor de monederos, las claves de custodia y ordenará el congelamiento de la wallet para que no se puedan realizar transacciones.
Será después cuando la Agencia Tributaria solicitará la liquidación de los activos en el monedero a embargar y que dichos fondos sean transferidos al Ministerio de Hacienda en euros, por el monto que cotice el criptoactivo para ese momento, reseña El Español.
La intención de la Hacienda española de embargar criptomonedas este año no es más que una confirmación de lo que ya se adelantaba desde mediados del 2022. Como lo reportó CriptoNoticias en ese entonces, la Agencia Tributaria ya estaba decidida a conocer en detalle las operaciones que realizan los usuarios de criptomonedas.
Más allá de los embargos, la Agencia Tributaria estableció en su plan de acción para este 2023 una investigación para conocer el uso de las criptomonedas en la economía digital. La finalidad es “detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales“. La investigación estará en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera, perteneciente a la oficina fiscal española.
