El tráfico humano se ha convertido en una de las mayores problemáticas que enfrentan los países a nivel mundial en materia de derechos humanos. 120 naciones alrededor del mundo se ven envueltos en estas prácticas ilegales a diario, siendo Latinoamérica una de las regiones que más sufre los azotes de estas bandas organizadas. En el caso particular de México, el país contabiliza unas 60 millones víctimas de trata de personas al año, la mayoría relacionadas con crímenes cibernéticos que algunos casos son financiados por medio de monedas digitales como el bitcoin.
Estos datos y acusaciones fueron discutidos recientemente por un grupo de legisladoras mexicanas, quienes proponen leyes más duras y un verdadero marco regulatorio que fortalezca la seguridad cibernética de la nación americana y disminuya los crímenes en la web.
Dicha propuesta también ha salpicado al bitcoin, moneda criptográfica que fue mencionada por la diputada Paola Félix Díaz en relación con el tráfico humano y el grooming, nombre que se le da a las prácticas que realiza un adulto para ganarse la confianza de un menor con el objetivo de abusar sexualmente de él.
Imputaciones de este tipo se han hecho ya en un pasado, Bitcoin ha sido acusado de ser una herramienta facilitadora del crimen organizado y un puente de financiación del tráfico humano, la venta de drogas y el terrorismo. No obstante, expertos en el tema señalan que no hay vínculos constantes y fehacientes entre los criminales y las criptomonedas, mas allá de actividades financieras ilegales que se pueden llevar a cabo en cualquier tipo de modalidad de dinero.
Las legisladoras no adelantaron información sobre las posibles medidas a discutir con competencias en el mercado de las criptomonedas en México. No obstante, no es la primera vez que personeros del gobierno mencionan al Bitcoin y otras monedas criptográficas con miras a ser reguladas, ya que funcionarios relacionados al Banco Central de México han declarado el interés de la agencia por aplicar leyes anti-lavado de dinero (AML) a estos criptoactivos.
La diputada Julieta Fernández Márquez, quien es también presidenta de la Comisión Especial contra la trata de personas del Congreso mexicano, aseveró que la nación latinoamericana no posee una legislación que proteja a los mexicanos de los crímenes que pueden ser perpetrado por medio de Internet. Más allá de las criptomonedas, las senadoras buscan leyes que frenen la delincuencia cibernética y no fomenten, por medio de la indiferencia, a la industria del delito:
Esperamos que en el corto plazo se discuta ampliamente la sanción al cliente de trata de personas, figura que se registra en algunos países desarrollados y que debe establecerse en la ley general a través de una reforma.
Julieta Fernández Márquez
Diputada del Congreso
México ha estado altamente movido en el mundo de las leyes y las nuevas tecnologías, convirtiéndose en una nación que lleva la vanguardia en América Latina en el sector cibernético y de las herramientas financieras luego de que el país empezará a discutir la introducción de un proyecto de ley Fintech que busca motivar la adopción generalizada de las tecnologías emergentes.
Aunque el plan legislativo aún necesita sus ajustes para convertirse en un verdadero colchón para las nuevas y pequeñas empresas tecnológicas, también necesita contemplar el reconocimiento del mercado de las criptomonedas. Esta es una primera iniciativa que denota el interés gubernamental por innovar en este sector y encumbrar sus posibilidades de éxito. Por lo cual se puede esperar buenas nuevas en el sector legislativo mexicano.
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