Levantan “banderas amarillas” en las normas de Argentina para exchanges de bitcoin

En el marco del proceso de registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que se adelanta en el país, la ONG Bitcoin Argentina se reunió con la Comisión Nacional de Valores (CNV) a fin de compartir su visión sobre las políticas que se han aplicado hasta ahora para la regulación del sector. 

Tal como expone la ONG en un comunicado, los representantes de la asociación civil, encabezados por el presidente Ricardo Mihura, llamaron la atención sobre algunas de las medidas que se han aplicado. Esto, como parte del proceso que comenzó hace unas semanas y que arrojó la inscripción de 35 personas jurídicas.   

“Hemos señalado con banderas amarillas algunas de las normas que ya se han dictado, porque los parámetros fijados para obligar a la inscripción de prestadores de servicios en el nuevo Registro de PSAV son demasiado estrictos”, dijo Mihura.  

Se refirió en particular a la exigencia impuesta a quienes hacen operaciones superiores a 35.000 UVA al mes (alrededor de USD 38.000). Un negocio que no deja más de 1.000 dólares en comisiones no debería tener tales obligaciones, cuestionó Mihura, proponiendo que se triplique el valor.  

También le parecieron exageradas las condiciones impuestas a las empresas que dirigen sus ofertas y promociones publicitarias a residentes en el país suramericano.    

“Si por el mero hecho de hacer publicidad en Argentina un proyecto pasa a ser un PSAV obligado, nos quedamos sin la posibilidad de traer al país a lo más avanzado de la industria en el mundo“, expresó Rodolfo Andragnes, fundador y directivo de la ONG, haciendo ver que tal medida limitará a las empresas patrocinantes de eventos importantes que se realizan en el ecosistema.  

La ONG aboga por que se establezca un sistema de autorregulación, que permita a las plataformas definir, junto al regulador, cómo cumplir con las leyes, tomando en cuenta las particularidades de cada empresa. “Luego, una vez definidas las condiciones individuales de la autorregulación, la CNV debería supervisar estrictamente su cumplimiento”. 

Como usuarios nos interesa que los PSAV se desarrollen y sean confiables. Por eso preferimos que compitan en la calidad y confiabilidad de sus servicios, en sus condiciones de solvencia, seguridad, en la integridad de sus plataformas y en la honestidad de los activos que ofrecen, y no que se limiten a cumplir con un estándar que iguale a todos, mejores y peores, bajo un mismo sello de la CNV. 

Ricardo Mihura, presidente de ONG Bitcoin Argentina. 

En el encuentro también estuvo presente el presidente de la CNV, Roberto E. Silva. Y aunque no se explica si el funcionario estuvo abierto o no a las propuestas, se sabe que defendió las medidas tomadas por el organismo como parte de los objetivos del gobierno. 

La CNV englobó la regulación que se aplica como una forma de responder a la necesidad que existe en Argentina de cumplir con las directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Una de las principales metas es recopilar información del sector y ejercer una mayor supervisión de las plataformas de criptomonedas, además “proteger a los inversionistas”.  

Se trata de una exigencia que el GAFI viene haciendo a todos los países que conforman el organismo y que el gobierno de Javier Milei está dispuesto a cumplir. La idea con este registro de proveedores, según insisten, es prevenir el lavado de dinero.   

Tal como informó CriptoNoticias, el registro de exchanges de bitcoin y otras criptomonedas fue creado a inicios de año a través una reforma a la ley de lavado de activos. La aprobación de la regulación para la industria ha traído un sinfín de críticas. Muchos interpretaron las nuevas normas como una desviación de Milei de sus principios liberales, permitiendo “legislaciones para ejercer control, como sucede en los regímenes comunistas”.

Incluso se hizo un llamado para que los usuarios retiraran todo de los exchanges, en rechazo a medidas que se consideran que someterán a los bitcoiners argentinos a un mayor control y supervisión por parte de la CNV.

Mientras tanto, el registro de plataformas seguirá abierto a las inscripción de más proveedores, tras el cierre oficial que se hizo el pasado 4 de junio.