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Presunto operador de BTC-e lleva 3 años intentado evitar su extradición a los Estados Unidos
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Se trata de la mayor confiscación de fondos en Nueva Zelanda hasta la fecha.
El 22 de junio, la Policía de Nueva Zelanda confiscó 91 millones de dólares propiedad de la empresa WME Capital Management, registrada en Nueva Zelanda en el año 2008 por el ruso Alexander Vinnik. Vinnik enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude desde 2017.
La compañía WME Capital Management fue sacada de los registros neozelandeses por no presentar actividad económica desde 2012. La información proveniente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue clave para identificarla. Una acusación internacional indicaba que Vinnik operaba la cuenta de dicha compañía en la casa de cambio BTC-e.
La Unidad de Recuperación de Activos de la Policía de Nueva Zelanda indicó que se trata de la confiscación de activos más grande que se ha realizado hasta el momento. Según el comisionado de la policía, los USD 90,68 millones confiscados (140 millones de dólares neozelandeses) son una muestra de que “Nueva Zelanda no es, y no será, un refugio seguro para los ingresos ilícitos generados por el crimen en otras partes del mundo”.
BTC-e fue acusada en 2017 de lavar el dinero robado de la casa de cambio japonesa Mt. Gox. Desde entonces Vinnik afronta cargos en Estados Unidos, Francia y Rusia. Por tres años consecutivos, Vinnik logró evitar su extradición desde Grecia. Finalmente, en enero de 2020 y luego de 2 huelgas de hambre, fue trasladado desde un hospital en Grecia. Actualmente se encuentra bajo custodia en Francia, donde es acusado de lavado de dinero y extorsión
Según el gobierno de los Estados Unidos, estos fondos fueron “lavados“ con la ayuda de la casa de cambio BTC-e. Sobre Vinnik pende una acusasión desde 2017, cuando se detectó que las ganancias de conocidos hackers y ladrones habían sido procesadas por una cuenta administrativa de BTC-e, vinculada a Vinnik.
Los 90,68 millones de dólares actualmente se encuentran retenidos en Nueva Zelanda a la espera de que un juez determine se hay “pruebas suficientes” de que los fondos fueron utilizados para financiar actividades ilícitas. En caso afirmativo, dicho fondos podría ser incautados por la Corona Inglesa o enviados en parte hacia los Estados Unidos por medio de un acuerdo de conciliación.
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