El fiscal general de estado de Luisiana (USA), Jeff Landry, abrió una investigación sobre algunos ex-empleados de la oficina de tecnología de su despacho que están bajo sospecha de minar criptomonedas empleando recursos públicos. La investigación tiene como principal objetivo esclarecer el papel de la división de tecnología del estado en el caso, debido a las averiguaciones sobre algunos de sus empleados.
De acuerdo con una publicación especializada, la investigación por parte de la oficina de Landry inició debido a una serie de irregularidades en la oficina de tecnología, como el hallazgo de un hardware que las autoridades asocian con actividades de minería, así como unas conversaciones sobre una “bomba lógica”, ocurridas vía correo electrónico durante el año pasado.
Se trataría de un hardware -no identificado del todo- que “creían podría haber sido utilizado en la llamada extracción de bitcoin, una práctica que requiere una enorme cantidad de electricidad y computadoras sofisticadas”, reseñó el portal, citando “varias fuentes familiarizadas con la investigación”.
La oficina de tecnología tiene como objetivo proveer de equipos, capacitación y asesoría técnica en toda la agencia. Según The Advocate, la oficina preguntó por el personal del departamento que sostuvo una discusión sobre una “bomba lógica” a través de sus correos electrónicos en septiembre del año pasado, motivo por el cual la oficina empezó a tener una serie de despidos, empezando por el director anterior a Landry.
La conversación puso sobre aviso a los funcionarios, pues una bomba lógica se trata de una línea de código que desencadena actividad negativa en un sistema informático, luego de que se satisfaga una condición -o condiciones- determinadas por los atacantes.
Según la fuente, aún no se han presentado cargos, pero la Oficina de Investigaciones a cargo del Fiscal ha interrogado a los empleados sobre esa primera investigación y el hallazgo del hardware sospechoso. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la oficina de Landry, y, por su parte, los empleados comprometidos han negado las acusaciones, argumentando que inclusive aunque hubiesen querido practicar la minería de criptomonedas no hubiera sido suficiente con los equipos de la oficina. Además, el aumento en la electricidad los hubiera delatado rápidamente.
Pese a todo, no sería la primera vez que en Estados Unidos ocurre algo similar, pues en enero de 2017 un ex miembro del personal fue multado por la Oficina del Inspector General de la Reserva Federal, imponiéndole una sanción de 5.000 dólares tras haber sido capturado in fraganti, minando bitcoins en un servidor propiedad del banco central estadounidense entre 2012 y 2014. Incluso, investigadores del FBI han sido investigados por apropiarse de recursos asociados a algunas investigaciones en curso.
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