-
Se cree que al menos 10.000 BTC se enviaron a un servicio de custodia.
-
El movimiento se da luego de que Donald Trump dijera que quiere crear una reserva en bitcoin.
El gobierno de los Estados Unidos movió recientemente cerca de 30.000 bitcoins (BTC) pertenecientes a Silk Road hacia un par de monederos, uno de ellos, de un servicio de custodia, informó la firma de análisis Arkham Intelligence.
De acuerdo con esa empresa, EE. UU. movió alrededor de USD 2.000 millones en bitcoin y lo hizo en dos transferencias distintas. La primera por 10.000 BTC y otra por 19.800 BTC.
Según Arkham, la transferencia por 10.000 BTC, que equivalen a unos USD 669,35 millones, se presume que se ejecutó a un servicio institucional de custodia. No está claro de quién o de qué ente es la otra dirección, que recibió USD 1.330 millones, o 19.800 bitcoins.
La firma de inteligencia señala que los casi 30.000 bitcoins pertenecen a SIlk Road, que fue un mercado de la darknet que se apoyaba en BTC. Este sitio fue clausurado en 2013, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuviera a su director ejecutivo, Ross Ulbricht.
De esa manera, EE. UU. todavía sigue manteniendo 119.676 BTC que fueron decomisados en el pasado a Silk Road y Ulbricht. Este último, condenado a cadena perpetua por los delitos de blanqueo de capitales, hackeo y conspiración para el narcotráfico.
El movimiento de los BTC de Silk Road se da luego de que Donald Trump, candidato presidencial estadounidense, informara que, de ser electo en noviembre, crearía una reserva nacional estratégica en BTC, que contaría inicialmente con los más de 200.000 BTC que tiene EE. UU. bajo custodia desde hace varios años.
Ese anuncio lo hizo Trump el pasado sábado 27 de julio, durante el evento Bitcoin 2024, celebrado en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. En su discurso, el candidato también dijo que, de ser electo presidente, trabajaría por la liberación de Ulbricht.
Hasta este momento, EE. UU. tiene 213.246 BTC bajo custodia, según los datos de BitcoinTreasuries. La mayoría de esos fondos fueron incautados como parte de procedimientos policiales de las autoridades estadounidenses, que tienen un amplio historial de medidas de aplicación de la ley que ha derivado en la confiscación de bienes y fondos.
