En un escenario de progresiva maduración del ecosistema de criptomonedas, España avanza hacia un marco regulatorio más específico y estructurado. El año 2026 se perfila como uno a tener en cuenta, debido a la plena implementación del Reglamento MiCA (Mercados de Criptoactivos) y la entrada en vigor de la llamada Directiva de Cooperación Administrativa (DAC8).
MiCA, plenamente aplicable a nivel europeo desde el 30 de diciembre de 2024, verá su completo despliegue en el país ibérico a mediados de 2026. Esta normativa busca uniformar las reglas para la emisión y comercialización de criptomonedas en la Unión Europea (UE), clasificándolas en categorías como tokens de utilidad, de seguridad y stablecoins.
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